Victoria de Santander en caso APP fraud ante la Alta Corte

Santander ha alcanzado un hito significativo tras ganar un caso crucial en la Alta Corte relacionado con un APP fraud. Este fallo trasciende a un fraude de transferencia que ascendió a £415,000, enviados a una cuenta fraudulenta. El caso, que involucró a la CCP Graduate School, resalta un incidente donde se engañó a la institución entre el 13 de septiembre y el 12 de octubre de 2016, llevándola a autorizar pagos a PGW Consultants Limited, una cuenta en Santander.
Caso de APP fraud resuelto
En 2022, CCP emprendió una demanda contra NatWest y Santander, alegando negligencia por parte de Santander al no brindar un cuidado razonable para evitar que sus cuentas se utilizaran como herramientas de fraude. No obstante, la jueza Jennifer Eady emitió un fallo a favor de Santander, subrayando que el banco receptor no asumía responsabilidad hacia las víctimas de terceros en circunstancias de fraude.
Determinación de responsabilidades en APP fraud
La Alta Corte enfatizó que imponer a los bancos la tarea de investigar y detener cada transferencia sospechosa de APP fraud sería una carga inaceptable. Esta decisión es de suma importancia para la industria bancaria, especialmente tras un fallo similar en 2023, donde el Tribunal Supremo falló a favor de Barclays en un caso relacionado.
Impacto de las reglas de reembolso en APP fraud
El caso destaca el cambio en las reglas de responsabilidad y reembolso relacionados con APP fraud. Tras el incidente, las normativas se ajustaron, estableciendo que el banco del defraudador podría enfrentarse a responsabilidades de hasta un 50% del fraude, cubriendo montos de hasta £85,000. Esto refleja un cambio en el enfoque que los bancos deben adoptar ante tales fraudes.
Relevancia del fallo anterior en casos de APP fraud
La victoria de Santander sigue al precedente sentado por el Tribunal Supremo en 2023, que en gran medida desestimó reclamaciones contra el banco Barclays en contextos de APP fraud. Estas decisiones resaltan las dinámicas cambiantes en el entorno regulatorio sobre la gestión y prevención de fraudes, afectando tanto a las instituciones financieras como a los consumidores.